Si bien pudieron haber existido irregularidades no basta decir que existieron, sino es necesario probarlo. Es principio elemental de derecho: “El que afirma, está obligado a probar”.

Lo que no entienden los políticos es que una cosa es la política y otra cosa es el aspecto jurídico, como tampoco entienden que el Derecho Electoral es muy distinto al Civil o al Penal. ¿Y quiénes hacen las leyes? Los mismos partidos políticos mediante sus legisladores.

Ah, pero como mandan como legisladores a personas sin la menor idea de la ley, no saben ni lo que aprueban. El problema es cuando la autoridad administrativa aplica la ley o cuando los juzgadores resuelven en base a esa ley.

O puede suceder lo contrario: Que los legisladores sí sepan lo que están aprobando, sobre todo las “vacas sagradas” enviadas a negociar o que negocian por su cuenta en pro de intereses personalísimos engañando a las dirigencias de su respectivo partido político.
O puede suceder que los abogados no conozcan la ley electoral o que sí la conozcan y junto con la otra parte se presten a presentar una impugnación sin la fundamentación necesaria.

Y de eso no se puede culpar a los magistrados del TEPJF, lo cual tampoco los exime de cualquier debilidad o inclinación que pudieran haber tenido.
Sin embargo, la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación establece claramente las causales para anular una elección y la genérica por violaciones graves a los principios constitucionales. Lo que haría falta es perfeccionar, precisar, detallar, esta última y abundar en la prueba.

¿Quiénes tienen el remedio? Los legisladores. Ellos, en una próxima reforma, deben mejorar los medios de impugnación para evitar apreciaciones subjetivas por parte de los magistrados ante vacíos y lagunas en la leyes electorales de oaxaca.inf jose alvarez

http://www.youtube.com/watch?v=ihm7yPB9pOA&feature=related

http://encontexto.wordpress.com/2011/11/25/crueldad-de-rectora-de-ut-cancun-contra-alumnos/

Atentamente

Comité ciudadano de apoyo a la educación
Material elaborado gracias a la colaboración del comité de lucha por el respeto a la LEY, padres de familia, egresados, alumnos, trabajadores de la UT Cancún, ONG’s y asesores legales.